Arbitraje de consumo

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Información general (actualizada a 18.09.2008)

1.  ¿Quién puede ser reclamante i reclamado en un arbitraje de consumo?
2.  ¿Qué puede ser objeto de arbitraje de consumo?
3.  Características del arbitraje de consumo
3.1.  Voluntario
3.2.  Gratuito
3.3.  Ejecutivo
3.4.  Objectivo
4.  Organización del Sistema Arbitral de Consumo
4.1.  Las Juntas Arbitrales de Consumo
4.1.1.  Constitución
4.1.2.  Composición
4.1.3.  Funciones
4.2.  La Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo
4.2.1.  Composición y funcionamiento
4.2.2.  Funciones
4.3.  El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo
4.3.1.  Composición y funcionamiento
4.3.2.  Funciones
4.4.  Los Órganos Arbitrales de Consumo
4.4.1.  Funciones
4.4.2.  Órganos arbitrales unipersonales
4.4.3.  Órganos arbitrales colegiados
4.4.4.  Requisitos para ser árbitro
4.4.5.  La recusación de los árbitros
4.4.6.  Pérdida la acreditación de los árbitros
5.  El Convenio Arbitral
5.1.  La oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
5.1.1.  Competencia territorial
5.1.2.  El distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
5.1.3.  Pérdida del uso del distintivo de empresa adherida
5.1.4.  El registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo
5.1.5.  Fomento de la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
6.  Procedimiento arbitral de consumo
6.1.  Principios
6.2.  Tipos de arbitraje
6.3.  Procedimiento
6.3.1.  Recurso contra la admisión o inadmisión de la solicitud de arbitraje
6.3.2.  Mediación en el procedimiento arbitral
6.3.3.  Arbitraje de consumo sectorial y especializado
6.4.  El trámite de audiencia en las partes y la práctica de las pruebas
6.5.  La falta de comparecencia y la inactividad de las partes
7.  Laudo
7.1.  Contenido
7.2.  Características
8.  Recordatorio final

1. ¿Quién puede ser reclamante y reclamado/da en un arbitraje de consumo?

Reclamante:
El arbitraje de consumo tiene como finalidad atender y resolver las reclamaciones de las personas consumidoras.
¿Quién es consumidor o reclamante en el arbitraje de consumo? Según el artículo 1.2 del Estatuto del Consumidor de Catalunya, son consumidores:

"Las personas físicas y jurídicas de cualquier nacionalidad o residencia, que, como destinatarias finales, hacen la adquisición, hacen uso o disfrutan, dentro del territorio de Catalunya, de bienes y servicios para su consumo particular, familiar o colectivo, siempre y cuando el proveedor tenga carácter empresarial o profesional o sea la misma Administración Pública"

Por lo tanto, sólo estas personas pueden ser parte reclamante en el arbitraje de consumo, ya sea por ellas mismas o a través de una Asociación de Consumidores.
Es preciso remarcar que ésta es una prerrogativa importante que tienen las personas consumidoras frente al empresario/aria, que no puede iniciar el procedimiento.

Reclamado/da:
El/la reclamado/da en el arbitraje de consumo tendrá que ser uno/a proveedor/a de bienes o servicios que tenga carácter empresarial o profesional o la misma Administración Pública. Por lo tanto, no podrá ser reclamado/da uno/a particular que no desarrolle una actividad profesional.
Los conflictos entre dos particulares, ya sea como partes contratantes o por otro tipos de relación (por ej., vecinos), no pueden ser planteados en el arbitraje de consumo, pero sí, en otros tipos de arbitraje.

2. ¿Qué puede ser objeto de arbitraje de consumo?
Este sistema de resolución de conflictos es viable para aquellos conflictos de carácter civil donde exista una relación de consumo: consumidor/a – comerciante/a, y sobre materias de libre disposición conforme a derecho.

Sin embargo, no pueden ser objeto de arbitraje de consumo los casos en los cuales concurra intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en los que exista indicios racionales de delito (por ej., intoxicación en un restaurante, negligencias médicas, estafas, etc.), incluída la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de aquéllos, conforme al previsto en el artículo 57.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarías.
Por otra parte, el/la presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo podrá acordar la inadmisión de las solicitudes de arbitraje que sean infundadas y aquellas en las cuales no se aprecie afectación de los derechos y legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios.

3. Características del arbitraje de consumo
El arbitraje de consumo se caracteriza por ser un sistema de resolución de conflictos:

3.1. Voluntario 

La voluntariedad de ambas partes en conflicto de dejar su solución en manos de un tercero es un elemento esencial y necesario de todo arbitraje. Esto quiere decir que para utilizar el arbitraje no sólo es suficiente con la presentación de una solicitud de arbitraje por parte de un/a consumidor/a o usuario/aria, sino que es preciso la aceptación voluntaria de esta vía por parte del empresario/aria o comerciante/a.
La voluntad de ir en la vía arbitral se pone de manifiesto, por parte del reclamante, cuando presenta a la solicitud de arbitraje en una Junta Arbitral de Consumo, y por parte de la empresa, cuando acepta el arbitraje.

El empresario/aria o comerciante/a puede expresar su voluntad de aceptar el arbitraje de consumo de tres maneras:

• A través de una cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente de los partes, tiene que expresar la voluntad de los partes de resolver a través del Sistema Arbitral de Consumo las controversias que puedan surgir o hayan surgido en una relación jurídica de consumo.
• El convenio arbitral tiene que constar por escrito, en un documento firmado por los partes o en intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de comunicación electrónica que permitan tener constancia del acuerdo, y se considera cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipos.
• Mediante su adhesión a una Junta Arbitral de Consumo, lo cual significa que el empresario/aria, firmante un documento de compromiso, se obliga a aceptar esta vía para los futuros conflictos que puedan plantear sus clientes, si estas la eligen. A cambio, el empresario/aria puede utilizar en su publicidad el distintivo de estar adherido a una Junta Arbitral de Consumo como una garantía de calidad añadida a los bienes y servicios que presta y una mayor credibilidad a sus clientes.

Mediante la aceptación del arbitraje de consumo de manera expresa como consecuencia de una solicitud de arbitraje que le ha sido trasladada por una Junta Arbitral de Consumo. En este caso sólo acepta que la reclamación concreta que hace el/la cliente/a sea resuelta a través del arbitraje y se obliga a cumplir el laudo que se dicte.
Una vez concurre la voluntad de los partes de aceptar el arbitraje de consumo por cualquiera de estas formas, decimos que existe convenio arbitral. 

3.2. Gratuito 
La gratuidad diferencia este tipo de arbitraje de consumo de otros tipos de arbitraje.

Nos encontramos ante un procedimiento en el cual, si ambas partes en conflicto la aceptan, no les va a costar dinero y obtendrán un laudo o resolución equiparable y con los mismos efectos que una sentencia judicial.

Sólo el coste de peritajes realizados para dictar un laudo se puede hacer pagar a una o las dos partes, si han sido pedidos a instancia de los partes o si el Órgano Arbitral ha observado mala fe en la actuación de éstas.

3.3. Ejecutivo
Eso quiere decir que aquello que decide el Órgano Arbitral, órgano encargado de resolver el conflicto en el arbitraje de consumo, vincula a ambas partes. Es como si se tratase de una sentencia judicial, tiene los mismos efectos y tiene carácter de cosa juzgada.

Además, si una de los partes no cumple con lo establecido en el laudo, la otra parte tiene la posibilidad de pedir al Juez de 1a. Instancia del lugar donde se ha dictado el laudo que obligue a la primera a hacerlo. Este juez no entrará ya en el fondo del asunto, sólo ejecutará el laudo.

3.4. Objectivo 
En un arbitraje de consumo no se defiende ninguna de los partes en conflicto sino que se hace justicia por el caso concreto. Para garantizar eso, se integran en el órgano decisorio del conflicto llamado el Órgano Arbitral, representantes de los/de las consumidores/as, de los/de las empresarios/arias y de la Administración.

4. Organitzación del Sistema Arbitral de Consum 
El Sistema Arbitral de Consumo se organiza a través de las Juntas Arbitrales de Consumo, la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo, el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo y los órganos arbitrales.

4.1. Las Juntas Arbitrales de Consumo 
Las Juntas Arbitrales de Consumo son los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los árbitros.

4.1.1. Constitución 
Las Juntas Arbitrales de Consumo se constituyen mediante acuerdos suscritos, entre el Instituto Nacional del Consumo, en el cual se puede prever la constitución de delegaciones de la Junta Arbitral territorial, ya sean territoriales o sectoriales.

4.1.2. Composición 

4.1.3. Funciones 

Las juntas arbitrales de consumo llevan a término las funciones siguientes:

a) Fomentar el arbitraje de consumo entre empresas o profesionales, consumidores/se o usuarios/arias y sus respectivas asociaciones, procurando la adhesión de las empresas o profesionales al Sistema Arbitral de Consumo mediante la realización de ofertas públicas de adhesión.
b) Emitir resolución sobre las ofertas públicas de adhesión y conceder o retirar el distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, así como gestionar y mantener actualizados los datos de las empresas o profesionales que estén adheridos al Sistema Arbitral de Consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo.
c) Comunicar al registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo los datos actualizados de las empresas o profesionales que hayan realizado ofertas públicas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo.
d) Dar publicidad de las empresas o profesionales adheridos al Sistema Arbitral de Consumo mediante ofertas públicas de adhesión, en particular en el respectivo ámbito territorial.
e) Elaborar y actualizar la lista de árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo.
f) Asegurar el recurso a la mediación previa al conocimiento del conflicto por los órganos arbitrales, salvo que no sea procedente conforme al que prevé el artículo 38.
g) Gestionar el archivo arbitral, en el cual se tienen que conservar y custodiar los expedientes arbitrales.
h) Llevar los libros de registro relativos a los procedimientos arbitrales mediante las aplicaciones informáticas correspondientes y, si no hubiese, manualmente.
i) Gestionar, custodiar o depositar ante la institución que se acuerde los bienes y objetos afectos a los expedientes arbitrales, cuando lo acuerde el órgano arbitral que conozca del conflicto o el presidente de la Junta Arbitral, a solicitud de los partes antes de la designación del órgano arbitral.
j) Impulsar y gestionar los procedimientos arbitrales de consumo.
k) Abastecer de medios y realizar las actuaciones necesarias para el mejor ejercicio de las funciones de los órganos arbitrales y, si fuera necesario, de los mediadores.
l) Gestionar un registro de laudos emitidos, el contenido de los cuales, respetando la privacidad de las partes, es público.
m) Poner a disposición de los/de las consumidores/as o usuarios/arias y de las empresas o profesionales formularios de solicitud de arbitraje, contestación y aceptación, así como de ofertas públicas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
n) En general, cualquier actividad relacionada con el soporte a los órganos arbitrales para la resolución de los conflictos que se sometan a la Junta Arbitral de Consumo.

4.2. La Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo 
Se trata de un órgano colegiado, adscrito funcionalmente al Instituto Nacional del Consumo a través de la Junta Arbitral Nacional y que es competente para el establecimiento de criterios homogéneos en el Sistema Arbitral de Consumo y para la resolución de los recursos en frente algunas de las resoluciones de los/las presidentes/se de las Juntas Arbitrales de Consumo.

4.2.1. Composición y funcionamiento 

4.2.2. Funciones 

• Resolver recursos que planteen las partes sobre la admisión o no admisión a trámite de una solicitud de arbitraje.
• Emitir informes técnicos, dictámenes o recomendaciones a través de los que se puedan apoyar los árbitros para realizar sus funciones y que se emitirán a iniciativa de los presidentes de las Juntas Arbitrales, de los árbitros o de las partes en el procedimiento arbitral, en un plazo de 30 días a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud por la CJAC y publicados a la página Web del Instituto Nacional del Consumo. Éstos son públicos y tienen que ser notificados por la secretaría de la Comisión a las JAC y a sus delegaciones.
• Emitir el informe preceptivo en la admisión de ofertas publicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
• Emitir el informe preceptivo y no vinculante en el procedimiento de retirada de la acreditación como árbitro del Sistema Arbitral de Consumo.

4.3. El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo 
Es un órgano colegiado, adscrito funcionalmente al Instituto Nacional del Consumo, de representación y participación en materia de arbitraje de consumo.

4.3.1. Composición y funcionamiento 

4.3.2. Funciones 

• Seguir, apoyar y proponer mejoras del Sistema Arbitral de Consumo.
• Aprobar la memoria anual del Sistema Arbitral del Consumo
• Aprobar los programas comunes de formación de los árbitros y la fijación de los criterios de honorabilidad y calificación para su acreditación 
• Elaborar las directrices generales sobre los supuestos de admisión de las ofertas publicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
• Aprobar los planes estratégicos del impulso del Sistema Arbitral de Consumo
• Proponer convenios marco de constitución de las Juntas Arbitrales territoriales.
• Designar a los miembros no fijos de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo.
• Habilitar instrumento para favorecer la cooperación y comunicación de las Juntas Arbitrales de Consumo y los árbitros.
• Editar y divulgar los informes técnicos, dictámenes y recomendaciones de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo y de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
• Establecer criterios homogéneos sobre la creación de órganos arbitrales sectoriales y especializados. 

4.4. Los órganos arbitrales 

4.4.1. Funciones 

4.4.2. Órganos arbitrales unipersonales 

4.4.3. Órganos arbitrales colegiados 

4.4.4. Requisitos para ser árbitro

• Actuar según las prerrogativas de independencia, imparcialidad y confidencialidad.
• No pueden actuar como árbitros aquéllos que hayan intervenido como mediadores en el mismo asunto o en cualquier otro que guarde relación estrecha con aquél.

4.4.5. La recusación de los árbitros 

• Pueden ser recusado/das por las partes a partir de diez días desde la fecha en que les sea notificada su designación para decidir el conflicto o desde el conocimiento de cualquier circunstancia que dé lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia.
• Una vez el árbitro es recusado/da tendrá que decidir de manera motivada sobre si renuncia o no a su cargo en un plazo de 48 horas. A partir de aquí, el/la presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo resolverá sobre la recusación, previa audiencia del árbitro/a y, si procede, del resto de los árbitros del colegio arbitral.
• Si el árbitro ostenta a la vez la condición de presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo se verá obligado a aceptar la recusación planteada.
• Aceptada la recusación se escogerá un árbitro suplente y se designará un nuevo árbitro suplente a través del mismo procedimiento en que fue designado el sustituido. El nuevo árbitro/a decidirá si continúa o no con el procedimiento iniciado y, en caso afirmativo, se acordará una prórroga no superior a dos meses para realizar las actuaciones correspondientes. Si la recusación no prospera la parte que la instó podrá impugnar el laudo.
• El procedimiento quedará en suspenso mientras no se haya decidido sobre la recusación, ampliándose el plazo para dictar el laudo.

4.4.6. Pérdida de la acreditación de los árbitros 

• Si dejan de reunir los requisitos que se exigen para ostentarla.
• Si incumplen o abandonan sus funciones.

El procedimiento de retirada de la acreditación puede iniciarse de oficio o a instancia de parte y, en éste, tiene que ser escuchado el propio árbitro y, en todo caso, la entidad que el propuso. Si la figura del árbitro coincide con la del/de la presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo será la Administración la que decidirá sobre la pérdida de la mencionada acreditación.

5. El Convenio Arbitral 

5.1. La oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consum
Las empresas o comerciantes pueden formular por escrito, por vía electrónica o en cualquier otro soporte que permita tener constancia de la presentación y de su autenticidad, una oferta unilateral de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo que tendrá carácter público.

En este trámite, que es único y se entiende realizado a todo el Sistema Arbitral de Consumo, se expresa si se opta que el arbitraje se resuelva en derecho o en equidad y, si procede, el plazo de validez de la oferta y si se acepta la mediación previa al conocimiento del conflicto por los órganos arbitrales. En el supuesto de no constar cualquiera de estos extremos, la oferta se entenderá realizada en equidad, por tiempo indefinido y con aceptación de la mediación previa.

No se consideran ofertas públicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo aquellas que tienen carácter temporal, siempre y cuando la adhesión se realice por un periodo no inferior a un año, aquellas que limitan la adhesión a las Juntas Arbitrales de Consumo correspondientes al territorio en el cual la empresa o comerciante desarrolla principalmente su actividad (donde ésta comercializa sus bienes y servicios exclusivamente a través de establecimientos abiertos al público en este ámbito territorial) o aquéllas que condicionan el conocimiento del conflicto a través del Sistema Arbitral de Consumo a la previa presentación de la reclamación ante los mecanismos de solución de conflictos habilidades por la empresa o comerciante, gratuitos y conocidos.

La oferta pública de adhesión, ya sea total o limitada, así como su denuncia tiene que efectuarse por el representante legal de la empresa o comerciante con poder de disposición, previo acuerdo, si procede, del órgano de gobierno correspondiente.

Las ofertas públicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo se admiten en sectores que presentan un importante número de consultas y reclamaciones o en los que no hay una suficiente implantación del sistema, previo informe preceptivo de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo. El informe negativo a la admisión de la oferta pública de adhesión limitada es vinculante para la Junta Arbitral de Consumo.

5.1.1. Competencia territorial 
Estas ofertas tienen que ser conocidas por la Junta Arbitral correspondiente al ámbito territorial en lo que la empresa o comerciante desarrolla principalmente su actividad. Si en éste existen diversas Juntas Arbitrales, será competente la de superior ámbito territorial. Una vez la Junta Arbitral de Consumo correspondiente haya conocido la oferta pública de adhesión la trasladará en la Junta Arbitral competente para resolver en un plazo máximo de debe días y notificará en la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo la resolución que adopte en la tramitación de las ofertas públicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo.

5.1.2. El distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consum
El/La presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo competente para conocer la oferta pública de adhesión debe resolver motivadamente sobre su aceptación o rechazo y, en caso de aceptarla, otorgará a la empresa o comerciante el distintivo oficial correspondiente, que puede figurar en castellano o en las otras lenguas cooficiales del Estado. En todo caso, el/la presidente/a de la Junta Arbitral podrá aceptar la oferta pública de adhesión limitada, negando el derecho en utilizar el distintivo oficial.

Las empresas o comerciantes adheridos al Sistema Arbitral de Consumo pueden utilizar en sus comunicaciones comerciales el distintivo oficial concedido. En el caso de ofertas públicas de adhesión limitada, las comunicaciones comerciales en las cuales se utilice el distintivo oficial concedido tendrían que poner a la disposición del consumidor la manera de acceder a la información sobre el ámbito de la oferta de adhesión realizada.

La concesión del distintivo público de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y su retirada hay que publicar en el diario oficial que corresponda al ámbito territorial de la Junta Arbitral de Consumo competente para adoptar las respectivas resoluciones.

Los empresas o comerciantes que hayan realizado oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo pueden denunciar esta oferta ante la Junta Arbitral de Consumo competente ya sea de manera escrita, a través de la vía electrónica o por medio de cualquier soporte que permita tener constancia de la denuncia y de su autenticidad. La denuncia tendrá efectos a partir de los 30 días naturales des de su comunicación en la Junta Arbitral, excepto si en la oferta pública de adhesión se prevé otro cosa. A partir de aquí, la empresa o comerciante perderá el derecho en usar el distintivo oficial. Si ésta lo incumple se entenderán válidamente formalizados los convenios arbitrales.

5.1.3. Pérdida del uso del distintivo de empresa adherida 
Se puede perder el derecho al uso del distintivo de empresa adherida y, si procede, se puede dar de baja en el registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo:

• Si expira el plazo por el cual se realizó la oferta pública de adhesión o denuncia de esta oferta.
• Si se lleva a cabo una utilización fraudulenta o engañosa del distintivo.
• Si se incumplen de manera reiterada los laudos.
• Si se constatan reiteradas infracciones calificadas como graves o muy graves en materia de protección al consumidor y usuario, sancionadas, con carácter firme, por las Administraciones públicas competentes.
• Si se realizan prácticas que lesionen gravemente los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios.

En estos casos, el/la presidente/a de la Junta Arbitral que haya concedido el distintivo oficial, previa audiencia de la empresa o comerciante, debe dictar una resolución motivada de retirada del distintivo de adhesión que determinará la pérdida del derecho de las empresas y comerciantes a su utilización en cualquier actividad o comunicación y, si procede, el dará de baja en el registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, excepto si expira el plazo por el cual se realizó la oferta pública de adhesión o denuncia de esta oferta, por lo que no será necesaria una motivación.

5.1.4. El registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo
Existe un registro público, gratuito y rápido de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, gestionado por el Instituto Nacional de Consumo. En éste, las Juntas Arbitrales de Consumo tienen que notificar las ofertas públicas de adhesión o su denuncia, los acuerdos de concesión o retirada del distintivo de empresas adheridas y cualquier modificación conocida que afecte a los datos de estas empresas o comerciantes. El registro debe comunicar las modificaciones registrales que se produzcan a todas las Juntas Arbitrales y a sus delegaciones de forma inmediata y en todo caso, en un plazo que no excederá de cinco días.
El Instituto Nacional del Consumo y las Juntas Arbitrales de Consumo tienen que facilitar el acceso a la información del registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

5.1.5. Fomento de la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
Las Administraciones públicas tienen que instar a las empresas o entidades que pertenecen en el sector público o a las concesionarias que comercializan bienes o servicios destinados a consumidores/se o usuarios/arias bajo el régimen de derecho privado, a presentar oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo. También pueden establecer incentivos en el ámbito de sus competencias para las empresas o comerciantes que faciliten el acceso a la justicia de consumidores/as y usuarios/arias, mediante la oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.

6. Procedimiento arbitral de consumo 

6.1. Principios 

• Audiencia: derecho de las partes a ser escuchadas a lo largo del procedimiento, a proponer pruebas y estar presente en su práctica.
• Contradicción: derecho de cada parte en contestar y defenderse de las pretensiones y alegaciones de la otra.
• Igualdad: las dos partes son consideradas como iguales en el procedimiento.
• Oralidad: es la práctica habitual, si bien la ley permite que la audiencia privada se pueda hacer por escrito.
• Antiformalismo: no es preceptivo abogado y procurador. Asimismo, la inactividad de las partes en el procedimiento no impide que se dicte un laudo plenamente eficaz.
• Confidencialidad: los/las árbitros, las partes y las Juntas Arbitrales de Consumo están obligadas a guardar la confidencialidad de las actuaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales. 

6.2. Tipos de arbitraje  

• En equidad: los miembros del órgano arbitral dictarán su resolución teniendo en cuenta el sentido común, o sea, basándose en aquello que individualmente consideran que es el más justo para las partes según las circunstancias que concurran.
• En derecho: los miembros del órgano arbitral tienen que dictar la resolución basándose estrictamente en aquello que regulan las leyes vigentes en cada caso.
  En general si las partes no optan expresamente por un arbitraje en derecho, el órgano arbitral resuelve en equidad.

Existen otras dos maneras de llevar a cabo el arbitraje de consumo:

• Arbitraje de consumo electrónico: Es aquél que se sustancia en su totalidad a través de mediados de electrónicos, sin perjuicio que alguna de las actuaciones se practique a través de los medios tradicionales.
  • Esta modalidad se realiza a través de la aplicación electrónica habilitada por el ministerio de Sanidad y Consumo para el Sistema Arbitral de Consumo a la que se tienen que adscribir las Juntas Arbitrales de Consumo.
  • El uso de la firma electrónica garantiza la autenticidad de las comunicaciones y la identidad de las partes y del órgano arbitral.
  • Las Administraciones públicas competentes en materia de consumo tienen que fomentar la utilización de esta modalidad de arbitraje.
  • Las notificaciones se realizarán en la sede electrónica designada por las partes a tales efectos, entendiéndose realizadas legalmente, a todos los efectos, el día siguiente a aquel que conste el acceso al contenido de la actuación arbitral objeto de notificación. 
  • Sin embargo, si el notificado no hubiese accedido al contenido de la actuación arbitral transcurridos diez días desde la fecha y hora que se produjo su puesta a disposición, se considerará que la notificación se ha intentado sin efecto, procediéndose a la publicación a través de edictos a las sedes electrónicas de las Juntas Arbitrales de Consumo adscritas al arbitraje de consumo electrónico.
  • El lugar a donde se celebrará el arbitraje de consumo electrónico es aquél a donde tenga su sede la Junta Arbitral de Consumo o la delegación territorial de la Junta Arbitral competente para conocer el procedimiento, a no ser que en el laudo dictado figure un lugar diferente, entendiéndose como lugar de celebración del arbitraje aquell en el cual se hubiese dictado el laudo.
    
• Arbitraje de consumo colectivo: Tiene por objeto resolver en un único procedimiento arbitral de consumo los conflictos que, sobre la base del mismo supuesto fáctico, hayan podido lesionar los intereses colectivos de los consumidores y usuarios, afectando a un número determinado o determinable de éstos.
  • La competencia para conocer de los procedimientos arbitrales colectivos la tiene la Junta Arbitral de Consumo competente en todo el ámbito territorial en lo que estén domiciliados los/las consumidores/as y usuarios/arias que hayan podido ver afectados sus legítimos derechos e intereses económicos.
  • En lo que concierne a los/las consumidores/as y usuarios/arias domiciliados en más de una comunidad autónoma será competente la Junta Arbitral Nacional.
  • Las actuaciones se iniciarán por acuerdo del/de la presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo competente, de oficio o a instancia de las asociaciones de consumidores representativas en el ámbito territorial en el cual se haya producido la afectación a los intereses colectivos de los consumidores/as o de las Juntas Arbitrales de inferior ámbito territorial.
  • Una vez adoptado el acuerdo la Junta Arbitral de Consumo requerirá a las empresas o comerciantes/se responsables que manifiesten, en el plazo de 15 días desde la notificación, si están de acuerdo a someter al Sistema Arbitral de Consumo la resolución, en un único procedimiento, de los conflictos con los/las consumidores/as y usuarios/arias y, si procede, porque lleguen a un acuerdo conciliatorio.
  • Si las empresas o comerciantes no aceptan la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo se procederá al archivo de las actuaciones sin más trámite, dando traslado de estas a todas las Juntas Arbitrales de Consumo y, si procede, a quien instó la iniciación del procedimiento.
  • Si las empresas o comerciantes aceptan la adhesión ésta se notificará a las Juntas Arbitrales de Consumo, comunicando a los/las consumidores/as afectados para que hagan valer sus derechos, en un plazo de dos meses, desde la publicación de un anuncio en el Diario Oficial que corresponda al ámbito territorial del conflicto o en otros medios publicitarios acordados por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Esta aceptación hace que se suspendan las solicitudes individuales de arbitraje fundamentadas sobre los mismos hechos, excepto que se hayan iniciado las actuaciones del órgano arbitral, designado por el/la presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo, siendo necesario que se proceda a su traslado en la Junta Arbitral competente para conocer el arbitraje colectivo en el plazo de 15 días desde la notificación de la aceptación.
  • Las solicitudes de arbitraje presentadas fuera de plazo sólo serán admitidas cuando su presentación sea anterior a la fecha prevista para la audiencia. Éstas serán resueltas por el órgano arbitral.

6.3. Procedimiento 

Una vez un/a consumidor/a presenta una solicitud de arbitraje, que tendrá que reunir los requisitos previstos al artículo 34 del Real Decreto 231/2008 ,  por un conflicto que tiene con un empresario/aria o comerciante ante una JAC, ésta puede ser admitida o no:

Si no se admite es porque:

• No reúne los requisitos establecidos. En este caso, el/la secretario/aria de la Junta Arbitral de Consumo requerirá al reclamante la  subsanación en un plazo inferior a 15 días y, si no lo hace, se tendrá por desestimada la solicitud.
• La solicitud de arbitraje es infundada.
• No se aprecia una afectación de los derechos e intereses económicos legítimos de los/de las ciudadanos/as.
• No es objeto de arbitraje de consumo.
• Si la solicitud no es admitida, se archivan las actuaciones, y al/ a la consumidor/a le queda abierta la vía judicial ordinaria.

Si la solicitud de arbitraje se admite a trámite, ésta se trasladada a la empresa reclamada, la cual puede aceptar o no el arbitraje propuesto, en el periodo de quince días hábiles desde la notificación del traslado:

• En el supuesto de que la empresa reclamada no esté adherida al arbitraje de consumo, puede aceptar o no. Si no la acepta se archiva la solicitud, y al/a la consumidor/a le queda la posibilidad de plantear su conflicto en la vía judicial ordinaria. Se considera iniciado el procedimiento arbitral en la fecha de entrada de la aceptación en la Junta Arbitral de Consumo.
• En el caso de que la empresa reclamada esté adherida previamente a la JAC, tiene un periodo de 15 días para presentar sus alegaciones, pero no puede rechazar el arbitraje propuesto.

Se prevé la posibilidad de que, si existen varías solicitudes de arbitraje admitidas a trámite, el/la presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo pueda acordar la acumulación de éstas ante un mismo reclamado en las que concurra idéntica causa a reclamar, porque sean conocidas en un único procedimiento por el órgano arbitral designado a tal efecto.

Admitida la solicitud de arbitraje y verificada la existencia de convenio arbitral válido, el/la presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo tiene que designar el/la árbitro o los/las árbitros que tienen que conocer del conflicto, y notificar a las partes esta designación. A partir del día después del inicio del procedimiento arbitral, el periodo para dictar laudo es de 6 meses.

6.3.1. Recurso contra la admisión o inadmisión de la solicitud de arbitraje
Se prevé la posibilidad de instar un recurso contra la admisión o inadmisión de la solicitud de arbitraje. La resolución del/de la presidente/a de la Junta Arbitral de Consumo sobre la admisión o inadmisión de ésta para ser o no objeto de arbitraje de consumo se podrá recurrir ante la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de 15 días desde la notificación del acuerdo que se impugna.

El recurso se puede interponer ante la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo o ante el/la presidente/a de la Junta Arbitral territorial que dictó la resolución que se quiera recurrir, que lo trasladará en la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de quince días. La resolución de dicho recurso pondrá fin a la vía administrativa y se tendrá que dictar y notificar en tres meses desde su interposición.

Una vez haya transcurrido el plazo se podrá entender desestimado el recurso.

6.3.2. Mediación en el procedimiento arbitral 

6.3.3. Arbitraje de consumo sectorial y especializado
Para la realización de aquellos arbitrajes de carácter sectorial que por su naturaleza requieran inmediatez en su tramitación se puede convocar a las partes en audiencia, sin más trámite, siempre y cuando se haya verificado la admisibilidad de la solicitud y la validez del convenio arbitral y se haya procedido a la designación del/ de la árbitro que conocerán del conflicto. En el caso de que la Junta Arbitral de Consumo que tiene que conocer el arbitraje especializado no tenga una lista de árbitros especializados acreditados podrá recaudarla de la Junta Arbitral de Consumo de ámbito territorial superior si en dispone para poder designar, entre los/las árbitros especializados acreditados incluidos en esta lista, aquellos que tengan que conocer el conflicto.

6.4. El trámite de audiencia a las partes y la práctica de las pruebas  

6.5. La falta de comparecencia y la inactividad de las partes 

7. Laudo